Nuevas dudas se ciernen sobre el proceso de resolución de Banco Popular y su venta acelerada a Banco Santander por un euro hace ahora una semana. Los inspectores del Banco de España ponen ahora en duda el calibre del agujero detectado que propició el precipitado fin de la entidad.
Parecía que la calma regresaba a Popular, pero ha sido momentánea. La entidad, que ayer se dejó un 17,9%, vuelve a los números rojos. Las acciones de la entidad ceden un 17% y marcan un nuevo mínimo histórico. Los caídas han llegado a alcanzar el 23% a lo largo de la sesión. Con la de hoy, el banco encadena seis sesiones consecutivas de caídas y en apenas tres días la entidad se ha desplomado un 35,4%.
Entre 2011 y 2016, el Banco Popular solo suspendió uno de los cuatro exámenes de solvencia a los que le han sometido el Banco Central Europeo (BCE), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Banco de España. Y aquel fallo, en las pruebas realizadas por Oliver Wyman en septiembre de 2012, lo subsanó a continuación con una ampliación de capital (ruinosa para los que acudieron) de 2.500 millones. Así ganó tiempo, aunque no arregló su situación de fondo.
Los bancos que han analizado la documentación facilitada por JP Morgan y Lazard para analizar la posible compra del Banco Popular ya han sacado sus primeras conclusiones.
El consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, reconoció recientemente que desde hace muchos años "todos hablan con todos", pero que las cosas no pasaban de "conversaciones de almuerzo". Ayer, el banco reiteró que su futuro pasa por una fusión o una ampliación de capital, para lo que cuenta con "diversos asesores".
Los posibles interesados seguirían siendo los mismos: los cinco grandes bancos nacionales cotizados.
Dicho y hecho. Hace un año los bancos españoles comenzaron una profunda ronda de ajustes, que pasaba con la reducción de plantilla y el cierre de oficinas, y ha llegado el momento de hacer balance.
BBVA ha aflorado pérdidas operativas en España por importe de 608 millones en 2016. Si se incluyen los impuestos, los números rojos ascienden a 500 millones ya que el pago en efectivo de este tributo fue menor a las devoluciones que obtuvo de Hacienda por adelantos de ejercicios anteriores.
