Las crisis, como se sabe, golpean a todos, ya sea de forma directa o indirecta, pero a unos más que a otros. Este es el caso de los mayores que han perdido su empleo en los últimos años de su vida laboral, y cuyas probabilidades de recolocación son sustancialmente menores que las del resto.
Los españoles que quieran jubilarse en 2021 con el 100% de la pensión tendrán que tener al menos 66 años cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, en un horizonte total de 15 años.
Estos 66 años será la edad que se exija para quienes acrediten menos de 37 años y tres meses de cotización (este año se exigen 65 años y diez meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 37 años cotizados).
La reducción de la semana laboral a cuatro días no es una prioridad para el Gobierno, que descarta meter en agenda la medida empujada desde el sector de Unidas Podemos.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado nulo el Erte planteado por Arcelor Mittal en sus centros de España y notificado a los trabajadores el pasado 8 de mayo.
Al golpe sanitario y humano que ha supuesto la pandemia de COVID-19, que ha dejado prácticamente 1.500 muertos, se le une otro impacto no menor, el económico. Desde el 5 de marzo hasta el 20 de mayo -y el goteo no ha terminado- 26.967 empresas en Euskadi se han acogido a un ERTE. La media de 350 diarios es engañosa, porque en los días más duros se registraron nada menos que 3.713.
El inicio de la desescalada de las restricciones implantadas para intentar reducir el número de contagios por la pandemia de coronavirus con la consiguiente reapertura de establecimientos hosteleros y comerciales, así como la vuelta a la actividad de oficios ligados a la construcción ha permitido que uno de los colectivos vascos más afectados por la crisis, el de trabajadores autónomos, vuelva a trabajar en seis de cada diez casos.
Casi la mitad de las empresas vascas y una cuarta parte de sus trabajadores están actualmente afectados por un Expediente de Regulación de Empleo temporal (ERTE), como consecuencia de la crisis económica derivada del impacto de la pandemia, según un informe de Confebask sobre la evolución de los expedientes hasta el 30 de abril dado a conocer ayer.
La Dirección General de Trabajo ha rechazado el ERTE por fuerza mayor que Arcelor Mittal había presentado para todas las plantas de la multinacional, según ha informado LAB.
En un comunicado, el sindicato ha explicado que Trabajo ha rechazado esta medida por no acreditar la necesidad del ERTE y por entender que "no es proporcional" a la situación que vive la multinacional.
El escenario ha sido “cambiante” y la naturaleza de las consultas también a medida que se iban implementando órdenes más estrictas por parte del Gobierno para tratar de paliar el contagio del Covid-19. Las asesorías admiten una oleada de peticiones de información de las empresas para tramitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y conocer las novedades fiscales de las
Según un reciente artículo en La Vanguardia, "la precariedad y la inestabilidad se han instalado entre los trabajadores del sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC)".
