Dos de cada diez grandes multinacionales españolas sólo pagan por impuesto de beneficios en todo el mundo el equivalente al 2,6% de sus beneficios. Son datos de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2019.
Las sicavs españolas con más patrimonio bajo gestión mantendrán el statu quo previo a todo el ruido político que ha sobrevolado a este tipo de vehículos de inversión en los últimos años y que ha acabado, por ahora, en una modificación de la ley antifraude según la cual solo pueden acogerse al régimen impositivo de los fondos de inversión –con un tipo del 1% en el Impuesto sobre Sociedades– aquellas sicavs que tengan al menos 100 socios con una inversión mínima de 2.500 euros cada uno.
Un caso hipotético. Una multinacional española tiene un importante negocio en el extranjero pero decide, por organización, centralizar en una filial su actividad fuera de España. Esa filial puede estar incluso dentro de la UE, lo que facilita administrativamente muchos trámites. Y, además, esa sociedad le puede permitir reducir al máximo la factura tributaria por estos beneficios generados fuera de España y sin el engorro que pueda suponer para su reputación la presencia en un paraíso fiscal.
Una veintena de las mayores multinacionales españolas no pagan ni el 2% de su beneficio global en impuestos. Las cifras, publicadas este lunes por la Agencia Tributaria en una explotación estadística del informe país por país, prometen alimentar en los próximos días el argumentario del Gobierno para impulsar un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades para las grandes compañías, como parte del pacto presupuestario para 2022 que ultiman los socios de coalición. Las grandes multinacionales españolas en conjunto, eso sí, abonaron de media un 18% de sus ganancias.
España tiene ante sí durante los próximos meses abrir el complejo y enconado debate fiscal. La reforma tributaria, prevista para el primer trimestre del año que viene, tiene sin embargo un primer capítulo en las próximas semanas.
Hasta qué punto las variaciones en los tipos impositivos sobre los beneficios condicionan la dirección y cuantía de las inversiones directas en el extranjero.
El crecimiento del consumo está reflejándose también en la recaudación tributaria. En los primeros 6 meses del año, el IVA en Euskadi ha ingresado en las arcas públicas 2.470 millones de euros, un 25% más que el año pasado.
Acuerdos a la carta, empresas sin trabajadores y miles de millones que cada año se esfuman en el medio del Atlántico. Gigantes tecnológicos como Google o Apple, pero también colosos de otros sectores como Starbucks o Ikea, han exprimido al máximo la ingeniería fiscal para rebajar el pago de impuestos. El resultado es sabido: el impuesto de sociedades ha perdido fuelle y la competencia fiscal entre Estados se ha exacerbado.
El acuerdo en la OCDE para obligar a las multinacionales a pagar más impuestos deja a la Unión Europea en una posición de esquizofrenia absoluta. Por un lado, los máximos dirigentes comunitarios y las grandes potencias de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España) aplauden el pacto.
