La crisis del COVID-19 ha impactado con una virulencia extraordinaria sobre la sociedad y la economía españolas. La paralización de la mayoría de las actividades económicas y sociales dio lugar al cierre temporal de empresas, suspensiones de empleos y despidos, cuyos efectos han podido compensarse en parte gracias a los mecanismos de protección del Estado de bienestar.
Algo se mueve entre los economistas. Más de 1.300 han firmado un manifiesto en el que reclaman a las autoridades europeas más recursos para evitar el colapso de la economía. En particular, para proteger los países más vulnerables, aunque sería de aplicación general para el conjunto de la Unión Europea, ya que la pandemia golpea a todos.
