Una veintena de políticos y exaltos cargos se han colocado en los últimos años al mando de los grandes lobbys españoles. La falta de regulación al respecto ha abierto de par en par las puertas giratorias, posibilitando la contratación de antiguos ministros, secretarios de Estado y diputados por parte de firmas como Acento, LLYC (antigua Llorente y Cuenca), Harmon, Kreab o Vicen Consulting.
El exministro socialista Pepe Blanco ha convertido en solo dos años a su consultora, Acento Public Affairs, en el mayor lobby de España. La firma alcanzó el año pasado unos ingresos de 4,47 millones de euros, lo que supone no solo más del doble que en 2020, sino que implica además que ha superado a LLYC (antigua Llorente y Cuenca), compañía que hasta el momento era el líder del mercado.
La regulación de los lobbies es una de las grandes tareas pendientes de España. Tanto es así que la Comisión Europea ha apremiado a España a desarrollar un reglamento que establezca unas normas comunes para los grupos de interés que cada vez tienen un papel más relevante en nuestro país.
