El Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, trata de sortear uno de los riesgos que muchos economistas ya alertaron cuando Europa anunció para nuestro país el envío inédito un nuevo fondo dotado con 140.000 millones de euros. Esa amenaza no era otra que la complejidad que iba a suponer movilizar la masiva cantidad de dinero.
Suspenso. Es la nota que ponen los vascos a la gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19 de los gobiernos de Iñigo Urkullu (integrado por PNV y PSE-EE) y de Pedro Sánchez (PSOE y Unidas Podemos). Esta es una de las conclusiones del DeustoBarómetro Social de verano de 2020, una encuesta realizada entre el 5 y el 15 a 1.004 vascos.
La pandemia no deja títere con cabeza. Y ahora es la propia Hacienda quien se ve obligada a tomar medidas excepcionales en el sector público para hacer frente a un doble efecto: el incremento de los gastos y, en paralelo, la caída de la recaudación que se producirá en los próximos meses. En particular, el IVA.
Recientemente el Ayuntamiento del Bilbao ha presentado su Plan de Gobierno 2015 - 2019. El fichero adjunto pemite acceder a una síntesis del citado plan.
Seis de cada diez contratos con los ministerios en 2014 se adjudicaron de forma opaca, es decir sin hacer público el proceso de licitación y adjudicación. Lo que según la ley debería ser excepción se ha convertido en norma por segundo año consecutivo, según desvela hoy la investigación "¿Quién Cobra La Obra?" de la Fundación Ciudadana Civio.
