KPMG ha aceptado pagar una multa de 50 millones de dólares (44,5 millones de euros) para resolver los cargos presentados contra la firma por la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de EE UU, que acusaba a la entidad de haber alterado auditorías tras recibir información robada sobre inspecciones que serían realizadas por el Consejo de Supervisión de Contabilidad de la Empresa Pública (PCAOB).
El negocio de las auditoras se vio menguado en 2018. La cifra de negocio obtenida por las cuatro mayores firmas, conocidas como bigfour (PwC, Deloitte, KPMG y EY) por los servicios como auditor principal al Ibex 35 bajó un 1% hasta 290,7 millones de euros, según las cifras aportadas por las compañías en sus informes anuales de resultados.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sancionado a PwC por los trabajos de auditoría de las cuentas anuales del Popular del ejercicio 2012 y a Deloitte por los realizados en ACS relacionados con los resultados de 2011, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha impuesto tres sanciones por infracciones muy graves a Price Waterhouse Coopers, por un total de 10,49 millones de euros. Las sanciones, publicadas hoy en el BOE, obedecen al incumplimiento del deber de independencia en relación con la elaboración de las cuentas de Aena. La sanción se ha hecho pública hoy, pero la resolución está fechada en junio de 2016.
El negocio de las grandes firmas de servicios profesionales va viento en popa en España. Las diez mayores auditoras en España han elevado su facturación hasta 2.405,96 millones de euros en el ejercicio de 2017, lo que se traduce en un incremento del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según el ranking elaborado por elEconomista a partir de los datos de estas compañías.
Ser auditora en España empieza a parecer un deporte de riesgo. Hasta ahora, las que peor lo habían pasado eran BDO, por su actuación en el fraude de Pescanova, y Deloitte, que este año se sentará en el banquillo en el juicio del caso Bankia.
El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas considera que la firma faltó a su deber de independencia al realizar trabajos para Aena cuando la compañía aeroportuaria llevaba a cabo los trabajos previos a su salida a Bolsa, que finalmente se produjo en febrero de 2015.
La firma auditora Deloitte ha rechazado su imputación como persona jurídica en el caso Bankia al considerar que es el socio auditor que llevó a cabo el trabajo -Francisco Celma, también acusado- el que aplica su juicio profesional, sin que la compañía pueda intervenir "en la formación de tal juicio".
La rotación del auditor en las llamadas entidades de interés público ha sido uno de los principales aspectos polémicos, si no el más controvertido, en todo el proceso de discusiones que ha generado el proyecto de Ley de Auditoría. El articulado de la normativa responde a la trasposición de una directiva aprobada por el Parlamento Europeo en abril del pasado año. El desarrollo reglamentario establecido a partir de esta disposición comunitaria es determinante a la hora de fijar el mecanismo jurídico que obliga a las sociedades cotizadas a cambiar de auditor cada diez años.
